La
ley y el delito
Por
Ernesto Albán Gómez
Publicado el
18/Octubre/2009
ealban@hoy.com.ec
Tomo para esta reflexión
el título de una de las obras del gran maestro del derecho penal: Luis Jiménez
de Asúa. Y lo hago porque considero que, para entender lo que está pasando
ahora mismo en el país en cuanto a seguridad pública y para adoptar las medidas
adecuadas, sería conveniente que los diversos responsables (legisladores,
Gobierno, jueces, fiscales, policías) repasaran las lecciones que nos dejó el
eminente jurista español.
Es una verdad de Pero
Grullo, pero se prescinde fácilmente de ella, que la delincuencia es un
fenómeno social que se origina en múltiples causas: políticas, económicas,
sociales, culturales, éticas, jurídicas.
Por ello, atribuir la
culpa exclusiva de su expansión al sistema legal es no solo una simpleza, sino
también un error que, generalmente, lleva a cometer otro error: querer
controlar las manifestaciones delictivas con remedios estrictamente legales.
Esto no quiere decir, por
supuesto, que la ley no juegue un papel fundamental. Por eso mismo, la tarea
legislativa en materia penal debe ser asumida con un elevado conocimiento
científico, pero también con seriedad y con prudencia para que las normas que
se expidan puedan ser aplicadas adecuadamente. Y, ciertamente, las reformas
penales de marzo de este año no cumplieron estos requisitos mínimos. Y no
quisiera especular sobre las motivaciones que las impulsaron.
En definitiva, convertir
al hurto y al robo de bienes, que valgan hasta tres salarios básicos, de
delitos en contravenciones y calificar como delitos de acción privada la estafa
y el hurto fueron reformas de especial significación, pero que se hicieron sin
un sólido fundamento. ¿Por qué tres salarios? ¿Por qué pasar de cuatro dólares
a seiscientos cincuenta y cuatro en una sociedad en la cual un elevado
porcentaje de población no tiene un ingreso mensual similar? ¿Por qué excluir a
la Fiscalía y a la Policía de la investigación de los hurtos y estafas y dejar
los procesos en manos de los perjudicados, a sabiendas de las serias
dificultades que experimentan para llevarlos adelante? Con la consecuencia casi
inevitable de que estas infracciones queden en la impunidad, aunque esa no haya
sido la intención del congresillo.
La obvia reacción
inmediata fue el desconcierto. El conjunto de la sociedad sintió que las
reformas la dejaban gravemente desprotegida frente a la creciente delincuencia;
y los hechos posteriores confirmaron el pronóstico. Y con los hechos por
delante, de nada sirven las estadísticas, pues de estas se excluyen ya aquellos
delitos que pasaron a ser contravenciones y aquellos que ya no conoce la
Fiscalía por ser ahora de acción privada.
En estas circunstancias,
resulta indispensable una contrarreforma.
Pero me asaltan nuevamente
los temores, pues ya se han difundido entre los legisladores unas cuantas ideas
"novedosas" que, en vez de arreglar el entuerto producido,
provocarían otras dificultades. Una simple marcha atrás es lo que conviene, y
que se dejen para más adelante otras propuestas más complejas. Y cuidado con
suponer, otra vez equivocadamente, que una simple reforma legal hará retroceder
a la delincuencia.
